El anuncio el 8 de mayo, por parte de la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de las "reformas consensuadas" que pretende llevar a cabo el Gobierno español ha causado "inquietud" en varios sectores católicos, que sospechan que se trate más bien de una estrategia de "imposición del laicismo", que acabaría recortando "el derecho a la libertad de conciencia" de los católicos en muchas cuestiones controvertidas.

María Teresa Fernández de la Vega explicó en rueda de prensa después del Consejo de Ministros del 9 de mayo: "la España de hoy es más diversa y plural que hace una década" y, tras 28 años de la Ley de Libertad Religiosa, "se ha de ajustar a la nueva sociedad". "Hay que proteger todas las creencias; las de los católicos, musulmanes, judíos, evangélicos, y también las de los que no creen", añadió.

Como es sabido, durante la guerra civil española se produjo una de las mayores persecuciones religiosas de todos los tiempos, marcada por muy numerosos actos de vesania y de crueldad extrema con fines explícitos de exterminio del clero y de los fieles más militantes, abarcando la matanza incluso a gente por el mero delito de ir a misa. Hubo además un programa deliberado de erradicación de cuanto recordase la religión cristiana: incendio de iglesias y monasterios, destrucción de las cruces y lápidas con signos religiosos en los cementerios, destrozo o robo de objetos valiosos de culto, de bibliotecas valiosísimas, etc. Dada la enorme acumulación de cultura y arte debida a la Iglesia, la persecución causó daños invalorables al patrimonio histórico, artístico y bibliográfico de la nación.

Esta persecución no irrumpió como un rayo en un cielo sin nubes. Al contrario, fue preparada por un hostigamiento permanente desde el siglo XIX, que alcanzó su máxima intensidad durante la II República. La acción anticristiana comenzó, apenas llegado el nuevo régimen, con la célebre quema de conventos, bibliotecas, obras de arte y centros de enseñanza, protegida por la inhibición de la fuerza pública. Pero lo más grave no fueron los delitos mismos, con ser gravísimos, sino la autoidentificación casi unánime de las izquierdas con los delincuentes, a quienes otorgaron el título de “el pueblo”. Y como el pueblo es soberano, los delincuentes se convertían así en soberanos de la nueva situación. No creo exagerar en lo más mínimo, pues tal identificación constituye el prólogo de actos todavía peores. Luego las izquierdas rompieron las normas democráticas que decían representar, con una Constitución no laica sino anticatólica, la cual reducía a los clérigos a ciudadanos de segunda y permitía usar el poder, ilegítimamente, para asfixiar a la Iglesia, vulnerando de paso las libertades políticas.

La organización International Christian Concern (ICC) ha hecho público que un grupo de extremistas islámicos asesinaron a un musulmán convertido al cristianismo en la localidad de Mogadishu, Somalia.

Su nombre era David Abdulwahab Mohamed Ali, y tenía 29 años de edad. Abrazó la fe cristiana evangélica en 1995, en Yemen, durante su estancia en este país como refugiado. Luego se trasladó en el año 2.000 a Etiopía, porque su amigo Mohammed Omer Haji fue sentenciado a muerte por el gobierno de Yemen por confesar su fe en Jesucristo.

Mucho se han desgañitado los defensores de tender puentes entre el cristianismo y el socialismo hispánico en intentar explicarnos el concepto, y sus efectos, de una laicidad integradora. Y ahora viene el socialismo de Zapatero y decreta la exclusión desintegradora de los capellanes en los hospitales.

Destacados dirigentes de ese partido han elevado el tono, con este caso, hasta límites insospechados. Sirva le ejemplo de Álvaro Cuesta quien dijo sentir "repugnancia" frente a un acuerdo que tachó de "inquisitorial, fundamentalista e inconstitucional", y que achaca a "mentes podridas por el dogmatismo". Un buen inicio de legislatura que, sin duda, va a marcar el futuro, máxime si nos encontramos con un partido de la oposición que más que tener un deber con las ideas lo tiene con los cargos y las prebendas.

Cada vez resulta más difícil para los cristianos defender en público sus puntos de vista ante temas tan controvertidos como la homosexualidad. La combinación de leyes antidiscriminatorias y las descristianización de la sociedad está dejando poco espacio para la religión en el discurso público.

Uno de los países donde esta tendencia es más marcada es Canadá. El 9 de abril, Chris Kempling, profesor en la Columbia Británica, escribía un artículo para el periódico National Post describiendo sus problemas con el Colegio de Profesores de la provincia y el sistema escolar.

Durante años, Kempling ha escrito algunas cartas al periódico expresando su preocupación por la homosexualidad y hablando también en público sobre temas de comportamiento sexual.

Una de las consecuencias es que fue suspendido sin sueldo en dos ocasiones por expresar sus puntos de vista. Una de las suspensiones duró tres meses. El Colegio de Profesores también ganó un juicio contra él en el 2006 por «conducta impropia de un miembro».