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La libertad religiosa en Chile

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La profesora Ana María Celis Brunet (1963) tiene una visión privilegiada de la situación y evolución de las religiones en Chile como directora el Centro de Libertad Religiosa que ha creado la Pontificia Universidad Católica de ese país en el seno de su Facultad de Derecho.

En esta entrevista concedida a Zenit, la doctora Celis Brunet, abogado ante el Tribunal Eclesiástico Archidiocesano de Santiago y profesora de derecho matrimonial canónico en el Seminario Pontificio Mayor de la Arquidiócesis de Santiago y en la Facultad de Derecho de esa Pontificia Universidad, comenta el estado de las religiones en Chile y en especial el papel público de la Iglesia católica.

-La libertad religiosa en Chile, ¿es un tema que interesa y preocupa?

-Ana María Celis: En el país existe el reconocimiento jurídico de la libertad religiosa como garantía fundamental que corresponde a toda persona humana, y en la situación de la Iglesia Católica ello se ha traducido en el reconocimiento a su personalidad jurídica de derecho público.

Tales condiciones favorables, deben armonizarse debidamente en aquellas ocasiones en que se intenta restringir lo religioso al ámbito privado, o al ofenderse los sentimientos religiosos y afectar ciertos valores.

En otro ámbito, es posible constatar ciertas debilidades en nuestro ordenamiento jurídico, por falta de conocimiento o sensibilidad de los legisladores, ante la diversidad del fenómeno religioso.

Así, sucede en ocasiones que se publican artículos de prensa en que se revela lo conocido durante una confesión simulada; o se hace un fotomontaje con los rostros de autoridades eclesiásticas, e incluso últimamente ha creado alguna polémica la exhibición de «PapaVilla» (Popetown) en un canal de cable, respecto de la cual el Consejo Nacional de TV por mayoría consideró que no se trataba de una ofensa a la fe católica.

Ello convive con la posibilidad de dar enseñanza religiosa en todos los establecimientos educacionales públicos o subvencionados del país, y la asistencia religiosa que se presta en cárceles, hospitales y Fuerzas Armadas...

Y es que en líneas generales, es posible constatar que en nuestro país, la Iglesia católica tiene una importante presencia en ámbito público, y ello se refleja en el reconocimiento civil de sus fiestas religiosas, la celebración de un «Te Deum» ecuménico para conmemorar la independencia, la participación del episcopado en comisiones asesoras del Poder Ejecutivo, un Ordinariato Castrense establecido en virtud de un acuerdo entre el gobierno de Chile y la Santa Sede, relaciones diplomáticas -más que centenarias- con Santa Sede (reconociéndose al Nuncio Apostólico el carácter de Decano del cuerpo diplomático), la sede del Poder Ejecutivo (Palacio de La Moneda) cuenta con capilla de culto católico y capellán permanente, procesiones públicas de muy antigua data, como la del Señor de Mayo, que se remonta al terremoto de 1647, que tiene lugar ininterrumpidamente en la capital, etc.

-¿Cuál es el objetivo y alcance de su observatorio?

-Ana María Celis: La labor del Centro acoge lo que el Romano Pontífice recientemente expresaba en los siguientes términos: «Allí donde falta la libertad religiosa, lo sabemos, falta en definitiva la libertad más significativa».

El objetivo general del Centro se refiere al estudio, análisis y promoción de la libertad religiosa, que se funda en la dignidad de la persona humana, desde una perspectiva jurídica.

Como objetivos específicos, considera el estudio de la normativa y jurisprudencia nacional e internacional relativa a la libertad religiosa; la promoción de la valoración de la libertad religiosa en cuanto principio rector del Estado de Derecho; el servicio a la Iglesia católica en Chile en lo que atañe a la libertad religiosa en las relaciones Iglesia y Estado y crear instancias de diálogo entre los cristianos, los que pertenecen a distintas religiones y los no creyentes.

En ese sentido, al tratarse de un Centro cobijado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, responde al estándar académico, que comprende áreas de docencia, investigación y extensión.

La labor docente está representada por las clases que se dictan de derecho canónico y eclesiástico en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. La investigación la realizamos de diversas maneras, tanto a través del seguimiento de la actividad jurídica en este tema, con cuyo material elaboramos mensualmente un Boletín Jurídico; como a través de proyectos propios o solicitados.

Entre ellos es quizás oportuno mencionar la próxima publicación del primer digesto de derecho eclesiástico en nuestro país, o los estudios en torno al patrimonio cultural religioso, o relativo al reconocimiento del matrimonio religioso en Latinoamérica.

En el ámbito de la extensión, hemos ofrecido cursos de especialización para el clero y agentes pastorales, así como encuentros inspirados en el diálogo interreligioso desde una perspectiva jurídica, e incluso hemos participado con informes ante el Senado de la República sobre determinados proyectos de ley.

-¿Existen intentos por relegar la religión al ámbito privado en su país?

-Ana María Celis: No se trata de realidad de intentos «conscientes» sino más bien de una combinación entre la indiferencia hacia lo religioso y el considerarle como un elemento propio de «buenas personas», sin captar que se trata de un derecho humano fundamental.

Un ejemplo de esta disonancia es la construcción de una mezquita en la ciudad de Coquimbo: piense que se han utilizado dineros fiscales y aportes de extranjeros para construir una preciosa mezquita en una ciudad pequeña, en la cual no hay un sólo musulmán en varios kilómetros a la redonda...

Sin embargo, una autoridad municipal consideró que era un signo de tolerancia religiosa tener dicho lugar. Y aún cuando las mezquitas son más bien lugares de encuentro y no lugares de culto como los consideramos nosotros, no se explica que en un país en el que según el Censo del año 2002 hay 2.894 musulmanes entre los mayores de 15 años, se construya una segunda mezquita en el país sin el interés fundamental: la promoción de los creyentes de tal religión.También los Baha'i han realizado un estudio de impacto ambiental para construir próximamente un lugar de oración y reflexión para toda Sudamérica que contempla un templo de 1.294 m2 y una infraestructura en medio de jardines que significará una inversión de 27 millones de dólares en una zona de preservación ecológica en plena capital.

Todo ello, induce a preguntarse sobre el sentido asignado a la relevancia del hecho religioso y se evidencia esta mirada de considerarlo más bien algo anecdótico.

-¿Cómo reconoce Chile la libertad de conciencia y religión?

-Ana María Celis: La libertad de conciencia y de religión, es el derecho humano fundado en la dignidad de la persona, que comprende el creer y no creer, la posibilidad de cambiar de creencias o convicciones, y el derecho a manifestarse individual o asociadamente, en público y en privado.

En Chile es reconocida constitucionalmente junto a los derechos fundamentales y se le tutela con el recurso de protección. Además, se reconoce el elemento religioso a través de numerosas disposiciones legales y desde 1999 existe un tratamiento jurídico para el registro de las organizaciones religiosas existentes en Chile.

Los datos del Censo del año 2002 son elocuentes, ya que de los 11.226.309 habitantes mayores de 15 años, el 91,7% se declara creyente.

Así, resulta que 10.294.319 habitantes se declaran creyentes; mientras un 8,3% señala no tener religión, ser ateos o agnósticos (correspondiendo a 931.990 habitantes).

Los creyentes se reconocieron entre las siguientes religiones y proporciones: católicos: 7.853.428 (69,96%); evangélicos: 1.699.725 (15,14%); testigos de Jehová: 119.455 (1,06%); judíos: 14.976 (0,13%); mormones: 103.735 (0,92%); musulmanes: 2.894 (0,03%); ortodoxos: 6.959 (0,06%); otra religión o credo: 493.147 (4,39%).

(publicado con la autorización de la profesora Ana María Celis)