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Libertad religiosa y derecho a la educación

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Son conocidos los planteamientos de Gregorio Peces-Barba sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la enseñanza de la religión, por lo que nadie se puede sorprender por lo que afirma en una reciente entrevista a la revista El Magisterio Español, especializada en asuntos de educación. Sin embargo, hay elementos en ella que merecen la pena analizar.

En efecto, en esta entrevista Peces-Barba niega que la educación sea asunto de los padres. Para el entrevistado la asignatura de Educación para la Ciudadanía debe ser un desarrollo del artículo 27.2 de la Constitución. Este texto legal indica que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales».

 

Palacio Real de La Granja (España)Naturalmente si esta fuera la cuestión no habría problema. Seguramente todos los que objetan contra esta asignatura dejarían de oponerse a ella si solo enseñara el funcionamiento de la democracia, las instituciones políticas del Estado y cosas similares. De hecho no conozco a nadie que haya criticado estos contenidos.

Los problemas surgen porque en esta materia se enseñan contenidos que van mucho más allá de la enseñanza de los principios democráticos. Y Peces-Barba está de acuerdo con ello. Preguntado si le bastaría con el modelo anglosajón, en el que se enseñan las instituciones políticas, lo rechaza tajantemente y afirma que Educación para la Ciudadanía (con sus actuales contenidos) debe ser obligatoria.

No desconoce Peces-Barba el derecho constitucional que asiste a los padres de que los hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3). Pero para él su contenido es «la ética privada, aquella que nos lleva a la virtud, al bien, a la salvación, a la felicidad, según sea uno creyente o no». Todo ello interpretado en el sentido más restrictivo.

Las contradicciones vienen en la aplicación práctica. Cuando en esta asignatura se enseña  a los alumnos a masturbarse, se les dice que el aborto es un método anticonceptivo inocuo o que las conductas homosexuales son tan legítimas como las heterosexuales, muchos padres se sienten invadidos en su propio campo. Y tienen razón. ¿Acaso hay alguien que opine que la masturbación es un asunto de ética pública? ¿O que intente hacer del uso del preservativo en la pareja un asunto público? Llevando el razonamiento de Peces-Barba a sus últimas consecuencias se podría enviar a la policía a la intimidad del  lecho conyugal para comprobar si usan el preservativo. De hecho Peces-Barba en esta entrevista no puede evitar contradecirse en cada respuesta.

No, la educación moral es asunto de los padres y el Estado debe abstenerse de indicar los contenidos morales de la enseñanza, aunque no le guste a Gregorio Peces-Barba. Lo dice la Constitución Española, lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos («los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos ,art. 26, 3), lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966 («Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», art. 18, 4) y todos los instrumentos de derecho internacional y todas las sentencias internacionales y de derecho interno. Qué pena que no lo diga Peces-Barba.

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