El arzobispo Giovanni Lajolo, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, intervino ayer, 29 de septiembre, en Nueva York ante la LXI sesión de la Asamblea General de la ONU, y afirmó que los Estados deben promover la libertad religiosa.

El arzobispo, que fuera secretario para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, afirmó que la Santa Sede apoya la reforma del sistema de la Organización de las Naciones Unidas en los campos del mantenimiento de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. "La necesidad de mejorar el sistema para que sean más eficaces las intervenciones humanitarias en los casos de catástrofes causadas por las guerras y los conflictos civiles y étnicos es una prueba importante del plan de reforma de la ONU".

Refiriéndose al tema de los derechos humanos, monseñor Lajolo subrayó que la Santa Sede considera su promoción como "una de las formas primordiales de servicio de la ONU al mundo". En este contexto, recordó los tres derechos fundamentales más importantes: el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, "que incluye la libertad para sostener opiniones sin interferencia y para intercambiar ideas e información y la consiguiente libertad de prensa".

"Hay que reconocer, sin embargo -continuó Monseñor Lajolo en su intervención-, que no todos los derechos fundamentales -y concretamente los tres mencionados anteriormente- son protegidos adecuadamente en todas las naciones, y en no pocas son claramente negados, incluso entre Estados que forman parte del Consejo de Derechos Humanos".

El arzobispo Lajolo se refirió al final a las reacciones musulmanas ante algunos pasajes del discurso del Santo Padre en la Universidad de Ratisbona el pasado 12 de septiembre: "La intención de Benedicto XVI -aseguró- era explicar que la religión no va con la violencia, sino que va de la mano de la razón, en el contexto de una visión crítica de una sociedad que trata de excluir a Dios de la vida pública".

"Todas las partes interesadas -sociedades civiles y Estados- deben promover la libertad religiosa y una tolerancia social sana que desarme a los extremistas incluso antes de que empiecen a corromper a otros con su odio a la vida y a la libertad. Esto será una importante contribución a la paz entre los pueblos, porque la paz sólo puede nacer de los corazones humanos".