La Iglesia Católica defiende la sana laicidad, que nada tiene que ver con la confesionalidad del Estado ni tampoco con el laicismo radical y excluyente que, de forma diáfana o con ciertos camuflajes, se presenta actualmente en España, y también en otros países de tradición y mayoría cristiana.

No hay contraposición entre una visión de la vida enraizada firmemente en la dimensión religiosa y un orden social respetuoso con la dignidad y los derechos de la persona. Así lo ha recordado Benedicto XVI ante las Naciones Unidas, en su reciente viaje pastoral a los Estados Unidos. Las personas y las sociedades tenemos libertad para hacer un buen o un mal uso de nuestra religiosidad, pero una recta comprensión de lo que Dios pide al creyente ayuda a construir una sociedad digna del hombre y de sus derechos.

El Santo Padre ha manifestado con claridad que el reconocimiento del valor trascendente de todo hombre y de toda mujer favorece la conversión del corazón, lleva al compromiso de resistir a la violencia, al terrorismo y a la guerra, y de promover la justicia y la paz. La verdadera conversión, además, proporciona el contexto apropiado para el diálogo interreligioso, que las Naciones Unidas están llamadas a apoyar, del mismo modo que fomentan el diálogo en otros campos de la actividad humana.

El diálogo es el medio por el que los diversos sectores de la sociedad pueden articular su punto de vista y construir el consenso sobre la verdad en relación a los valores u objetivos particulares. Apelar al diálogo conlleva no excluir a nadie. Las personas no deben poner entre paréntesis sus convicciones más profundas para llegar a acuerdos con los demás.

Benedicto XVI nos recordaba que pertenece a la naturaleza de las religiones, libremente practicadas, que puedan entablar autónomamente un diálogo de pensamiento y de vida, sin subordinaciones a intereses políticos, ideológicos o partidistas. Si en esta acción la esfera religiosa se mantiene separada de la acción política, se producirán grandes beneficios para las personas y las comunidades.

Las Naciones Unidas -añadía el Papa- pueden enriquecerse con los resultados del diálogo entre religiones y beneficiarse de la disponibilidad de los creyentes para poner sus experiencias al servicio del bien común. Efectivamente, los creyentes estamos llamados a proponer una visión de la fe, no en términos de intolerancia, discriminación o conflicto, sino de total respeto a la verdad, la coexistencia, los derechos y la reconciliación.

Una expresión de la fe desarrollada así está en plena sintonía con la libertad religiosa, piedra esencial del edificio de los derechos humanos, que conlleva simultáneamente la dimensión individual y la comunitaria. La libertad religiosa desarrolla una visión que manifiesta la unidad de la persona, aun distinguiendo claramente entre la dimensión de ciudadano y la de creyente, dentro de una sana laicidad.

Benedicto XVI reconocía que la actividad de las Naciones Unidas en los años recientes ha asegurado que el debate público ofrezca espacio a puntos de vista inspirados en una visión religiosa en todas sus dimensiones, incluyendo la de rito, culto, educación, difusión de informaciones, así como la libertad de profesar o elegir una religión. Es un modo de proceder justo y adecuado a la dignidad de la persona porque es inconcebible que los creyentes tengan que renunciar a su fe, que es una parte de sí mismos, para ser ciudadanos activos. La libertad religiosa, hoy, se puede expresar con este axioma: nunca debería ser necesario renegar de Dios para poder gozar de los propios derechos. Los derechos asociados a la religión necesitan protección, sobre todo si se los considera en conflicto con la ideología secular predominante o con posiciones de una mayoría religiosa de naturaleza exclusiva. Invocar la libertad religiosa sin proteger los derechos de los creyentes a actuar como tales, es dejarla en una mera expresión retórica. La libertad religiosa no es tal cuando se convierte en una política de "apartheid", de confinar la religión a la sacristía. No se puede limitar la plena garantía de la libertad religiosa al simple ejercicio del culto, sino que se ha de tener en la debida consideración la dimensión pública de la religión y, por tanto, la posibilidad de que los creyentes contribuyan a la construcción del orden social. En muchos ámbitos de la vida social los creyentes expresan su implicación en una amplia red de iniciativas, que van desde las universidades a escuelas, centros de atención médica y organizaciones caritativas al servicio de los pobres y marginados.

El Santo Padre nos recuerda que el rechazo a reconocer la contribución de los creyentes en el orden social desemboca en un planteamiento individualista, que fragmenta la unidad de la persona.

Con mi bendición y afecto.

Valencia, 25 de junio de 2008
Agustín García Gasco es Cardenal Arzobispo de Valencia